Pese al hecho de que alrededor de uno de cada tres habitantes de América Latina es afrodescendiente y que los marcos jurídicos internacionales y nacionales protegen los derechos humanos, esta población sigue marginada y afronta graves obstáculos en el ejercicio de derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. Las personas afrodescendientes tienen diversas barreras para acceder a servicios de salud, educación y empleo. La mayoría ocupa viviendas urbanas con infraestructura precaria y está más expuesta a la delincuencia y la violencia. La baja representación y participación tanto de hombres como de mujeres afrodescendientes en política demuestra las barreras evidentes para llegar a las estructuras de poder político y desempeñar un rol activo en el diseño de políticas públicas que reduzcan la discriminación.

• En Perú, la tasa de pobreza entre los afrodescendientes se mantuvo en torno al 33% entre el año 2001 y el 2010, mientras que la proporción de indígenas pobres disminuyó considerablemente del 63% al 37% en ese mismo periodo, al igual que la de los mestizos (de 45% a 23%), según un informe del PNUD de 2012.

• En Brasil, el porcentaje de afrodescendientes (entre 18 y 24 años) que accedió a educación superior subió del 2,2% en el 1997 al 12% en el 2012 tras la aplicación de cupos y matrículas preferenciales para estudiantes afro-brasileños y mestizos. La cantidad de plazas reservadas en universidades federales para esta población aumentó de 30.000 a 60.000, según cifras oficiales. No obstante, un informe del año 2015 del PNUD y la Secretaria de la Juventud de Brasil reveló que la mayoría de la población carcelaria tiene entre 18 y 24 años y es afrodescendiente, y que la población de presos ha aumentado en 74% en los últimos siete años, con el correspondiente incremento en el número de reclusos jóvenes.

• En Uruguay, el censo nacional del año 2012 reveló que alrededor del 8% de la población total era afrodescendiente. Casi tres de cada 10 afro-uruguayos vivían en condiciones de pobreza en el 2012, y menos del 1% ocupaba cargos de liderazgo en el sector público y privado, según un informe elaborado por el PNUD en el 2013.